El proyecto de Uribe y el Plan Colombia se basa en la presencia política y militar de EEUU en Latinoamérica. El Imperio, ávido de la gran reserva amazónica, con un potencial que se reitera en el resto de los países de la Región Andina, en energía [petróleo y gas], agua y bío diversidad, busca quebrar el alineamiento de los gobiernos que en la Cumbre de Río optaron soberanamente por la paz en el continente.

Cuando los gobiernos optan por el rechazo al ataque colombiano del campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, significan un rechazo a la acción guerrerista y unilateral del gobierno de Uribe. Acción que afecta transversalmente las relaciones entre los estados de la región y que no puede sino ser considerada como una clara violación al derecho internacional.

Carlos Gabetta, Director de la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique, plantea que sólo la integración de las naciones latinoamericanas es el medio eficaz de oponerse a los designios de Washington de controlar los recursos de la cuenca amazónica. [1] Integración que sólo puede provenir de procesos sociales consolidados de alcance nacional. Sin embargo, en los hechos, el acuerdo que en definitiva radicó el conflicto colombiano-ecuatoriano en la OEA - supervigilado por los países del Grupo de Río – fue más bien expresión de un grupo heterogéneo de Estados. Al margen de nuestros deseos, el consenso de rechazo a la agresión del gobierno de Uribe, no fue producto de procesos nacionales integradores, ni menos el “producto de grandes fuerzas sociales, incluyendo burguesías nacionales poderosas, como la brasileña o la chilena” según lo ve Gabetta [Ibidem]. Más que un proyecto latinoamericano integrador, dichas burguesías nacionales miran hacia el mercado mundial y a su signo cual es el poder de las multinacionales aeroespaciales, petroleras, de armamentos, de comunicaciones, de alimentos, farmacéuticas, navieras…De eso, poco o nada se puede esperar.

Plantear el ejemplo brasileño, y chileno, u otros, no especificados en el artículo de Gabetta, como base de acuerdos nacionales que darán vigor a la posición latinoamericanista en contra del enemigo de la integración - EEUU-Plan Colombia-Uribe -, es exigir una condición necesaria en el largo plazo pero de ninguna manera explicativa en el presente. Argumentar grandes consensos regionales para enfrentarse a EEUU y desde allí consolidar la paz y desechar la militarización en el continente es plantear Deus ex machina el acuerdo de las burguesías para una solución de paz en la cual sus mandantes transnacionales no están precisamente interesados. Eso sería dar por descontado el alcance libertario de los proyectos de las burguesías. En definitiva, su adhesión objetiva al pillaje de los recursos mineros y energéticos en sociedad con las multinacionales excluye tal supuesto.

La frustrante ruta hacia la paz

¿Qué es posible en el presente? O más precisamente. ¿Qué ruta podría llevarnos a transitar hacia un consenso de paz en Colombia y en definitiva a procesos de integración? Para la alianza Bush-Uribe, la paz se logra con la aniquilación de la fuerza militar de la insurgencia. Podemos imaginar que para el resto de Latinoamérica, según el espíritu de la declaración del Grupo de Río, y muy especialmente para los países de la región andina, el consenso de paz pasa por un acuerdo sobre la liberación de los prisioneros de ambos bandos: prisioneros de las FARC en manos del gobierno y rehenes en manos de las FARC. En otras palabras eso significa transitar hacia una solución política del conflicto y descartar la solución de guerra.

Un sucinto recuento de iniciativas abortadas muestra las limitantes a las cuales se ha enfrentado el camino de la paz.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana, el 6 de junio de 1999 se firmó en la Machaca [departamento de Caquetá] la Agenda Común para una Nueva Colombia, entre el gobierno y las FARC-EP. Documento en el cual se aborda la búsqueda de una solución política al conflicto. En dicha agenda se evoca la protección de los Derechos Humanos, la Política Agraria Integral, la explotación y conservación de los recursos naturales, la estructura económica y social, la reforma a la Justicia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, la reforma política para la ampliación de la democracia, las reformas que requiere el Estado, acuerdos sobre derecho internacional humanitario y desvinculación de los niños del conflicto armado, el tema de las minas antipersonales, el respeto a la población civil, la vigencia de la normatividad internacional sobre derechos humanos, el Derecho Penal Internacional, las fuerzas militares y la defensa de la Soberanía Nacional, el paramilitarismo, las relaciones internacionales, la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la integración regional, los tratados sobre aspectos económicos y la deuda externa. Conjunto de temas ineludibles en la búsqueda de la paz democrática con justicia social y con cuya discusión se entendía que el tema central era avanzar hacia la paz, aún al margen de la discusión sobre si las FARC eran, ó no, una fuerza beligerante o terrorista.

Los dirigentes de las FARC entendieron que la Agenda de Machaca avanzaba en la dirección de un reconocimiento “político y beligerante a la vez”. Del lado del gobierno estas conversaciones significaban reconocer en la mesa de negociaciones la existencia de un conflicto interno entre fuerzas armadas constitucionales versus fuerzas armadas revolucionarias. De hecho, implicaban un cambio de estrategia frente a la comunidad internacional. Puesto que si se asumía el carácter político del conflicto, implicaba dejar de lado la antigua tesis de declarar a las FARC como delincuentes y trasladar por ese mismo hecho el conflicto a las instancias de Naciones Unidas para los efectos de reconocer a la guerrilla, en una primera etapa, como fuerza beligerante, para en una segunda etapa abordar con medidas concretas la Agenda política de Machaca. Fue un paso que las presiones del ejército colombiano y del gobierno norteamericano sobre Pastrana impidieron que se concretara y con ello el conflicto aún se mantiene después de casi 10 años −, viéndose aún lejano el momento en que las dos fuerzas en conflicto se sienten nuevamente a la mesa de negociaciones.

El año 2000, el gobierno de Andrés Pastrana, presidió las negociaciones para la reconversión de la agricultura orientada hacia el narcotráfico. Negociaciones que se celebraron en la zona desmilitarizada de San Vicente del Caguán bajo la copresidencia de los delegados noruegos y españoles. Después de escuchar a las partes la delegación europea manifestó que no se podía apoyar un proceso en el cual una de las partes – el gobierno colombiano – veía como última solución la eliminación de la contraparte. Por ello, el plan debía ser reformulado, a partir de consensos políticos amplios sobre el significado de la paz y como consecuencia de ello podrían ser implementados los programas de reconversión de la agricultura y reconstrucción económica de la economía campesina. Nótese que la posición europea contradice dos principios centrales de la estrategia estadounidense y de Uribe para Colombia, y que se han mantenido en el tiempo, a saber, la seguridad en cuanto subproducto de la intervención armada y las privatizaciones de las nuevas actividades en el proceso de reconstrucción.

El año 2004, bajo la primera presidencia de Uribe, hubo otra experiencia fallida. A partir de la Iniciativa Regional Andina, el Plan Colombia en sus versiones I y II, y ahora el Plan Patriota, continuación del Plan Colombia, el gobierno de Uribe buscó involucrar a los Presidentes del Brasil Luis Inacio Lula Da Silva y Hugo Chávez de Venezuela. Esta iniciativa fracasó por el intento de EEUU y del gobierno de Uribe de articular los proyectos de desarrollo social y lucha antidrogas de la Iniciativa Regional Andina [IRA] con sus planes de guerra contrainsurgencia. Nuevamente en este caso se buscaba la paz a partir de la aniquilación del adversario.

En 2005 las FARC plantearon la exigencia de desmilitarización de una parte del territorio colombiano para iniciar conversaciones con el gobierno. Se trataba de dos departamentos, a saber Caquetá y Putumayo, a los cuales, poco más tarde se agregaron los municipios de Cartagena del Chairá y Caguán, y finalmente aquellos de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca. En el caso de estos últimos, el gobierno mostró en la televisión, a raíz de la visita de un ministro [julio de 2005] que estaban de hecho desmilitarizados. Lo cual no impidió que días más tarde el Ministerio de Defensa ocupara el terreno con tropas. En vista de ello, las FARC cedieron en sus exigencias de despeje, reduciéndolas a los municipios de Florida y Pradera con una extensión de 780 kilómetros cuadrados, sin embargo el gobierno mantuvo la ocupación de las tropas. En 2003, el gobierno de Uribe había solicitado la intervención del entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, quien envió un delegado, James Lemoyne, que debido a la reticencia del gobierno, que negó toda colaboración a su misión y que además lo acusó de parcialidad en su gestión, se retiró al cabo de dos años de trabajo [enero de 2005]. Ese mismo año, en el mes de diciembre se constituyó un grupo de tres países que actuaron en calidad de “facilitadores”: Francia, Suiza y España, los cuales diseñaron una fórmula de despeje con garantía de la comunidad internacional. Uribe, que en aquella época bregaba por un segundo período presidencial, presentó dicho plan como su propuesta unilateral con evidentes fines electorales, motivo por el cual las FARC, que no habían sido partícipes del plan rechazaron todo entendimiento con el gobierno.

Al término de la gestión anterior y en el mismo mes de diciembre de 2005, como fecha de inicio formal de conversaciones en La Habana, se inició un proceso exploratorio de paz, con facilitación mexicana, Noruega, España y Suiza, como “facilitadores” las partes, después de ocho rondas infructuosas y sin resultados tangibles, dieron por terminado el contacto. No obstante, el hecho de la reunión significó reconocer que al menos se podía conversar.

En este largo proceso de encuentros y desencuentros ha habido retrocesos importantes. No representan un caso menor las desafortunadas intervenciones de Lucio Gutiérrez durante su efímera presidencia del Ecuador [2003-2005]. ¡Pretendía nada menos que regionalizar el conflicto colombiano mediante una intervención militar multinacional en Colombia en el contexto del IRA! Nunca se habló en estas tratativas de neutralizar el ejército paramilitar, cómplice y custodio de los carteles del narcotráfico colombiano.

Beligerancia

Otro paso negativo para encontrar una vía política de solución al conflicto fue la determinación de la Unión Europea [enero de 2008] de mantener a las FARC en su lista de organizaciones terroristas. Declaración que contradice la solicitud de Hugo Chávez para que las FARC sean consideradas como fuerza beligerante. Sin embargo, la posición de los países europeos, adoptada conjuntamente con EEUU, quedó obsoleta cuando los acontecimientos del bombardeo en suelo ecuatoriano demostraron que la militarización de la región andina arriesga, más que el terrorismo, un desenlace bélico de carácter regional, donde una tercera potencia, EEUU, proporciona las armas, la logística y el apoyo político.[2]

Recuérdese que el domingo 13 de Enero de 2008, desde el estado de Guárico el Presidente Chávez expresó que su propuesta en el conflicto interno colombiano, era la declaración de beligerancia para las FARC, carácter beligerante que quedaría regulado según los convenios de Ginebra. “Este sería un primer paso para bien” – agregó. Precisó en seguida que, “para que una fuerza insurgente sea beligerante, sea reconocida, no debe usar, por ejemplo, el secuestro como arma de lucha, debe renunciar al secuestro, a los actos terroristas contra la población civil…” Concluyó, Colombia debe pensarlo, “es un país soberano y yo respeto la soberanía de Colombia, pero amamos a Colombia y estamos dispuestos a seguir ayudando para la paz...Yo estoy abogando por la paz, no por la guerrilla”. Las declaraciones de Chávez fueron refrendadas por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

Estas declaraciones de Chávez tienen un antecedente importante. Cuando las gestiones culminaron con el encuentro Pastrana-Marulanda [2000] un grupo de juristas de varios países europeos se dirigió a ambos, expresando que en su criterio si se “reconocía a las FARC-EP, a la luz del derecho internacional publico, la condición de fuerza beligerante”, se abriría “la posibilidad, sensata y concreta, de una solución política del conflicto, a través del proceso de diálogo iniciado entre las fuerzas beligerantes; con los decretos presidenciales que ordenaron la desmilitarización de una porción del territorio nacional acordado como zona para las conversaciones directas y el reconocimiento explícito, en tales decretos, de la guerrilla como interlocutor político o fuerza política beligerante” [3]. En la argumentación de los juristas, se hizo referencia a la Convención de Ginebra [1949] así como a los protocolos adicionales I y II, los cuales fueron ratificados por Colombia.

Los juristas argumentaron que en el caso de Colombia las fuerzas insurgentes han sustraído parte del territorio al control del gobierno, por lo cual devienen sujetos de derecho público internacional. Según este mismo informe, las fuerzas armadas insurgentes en Colombia cumplen las formalidades de llevar uniforme conocido por el adversario; el porte abierto de sus armas; la dependencia a un comando responsable y la cuestión de fondo, cual es el respeto a las leyes y costumbre de la guerra. El informe recuerda el tácito reconocimiento del presidente Pastrana cuando inicia conversaciones con el comandante Marulanda.

Multinacionales y paramilitares

Las multinacionales no han estado ausentes del conflicto. Los contratos que éstas firman con los paramilitares con fines de protección, han llevado a crímenes y desplazamientos de la población mientras el gobierno ha hecho oídos sordos a las reclamaciones de la población y de las organizaciones sindicales contra los paramilitares. Según un estudio sobre las multinacionales españolas en Colombia, [Véase Pedro Ramiro et alii 2007, p. 29] [4] se relatan situaciones donde se favorece el asentamiento de estructuras paramilitares en el Chocó, caso de Multifruits, filial de la multinacional norteamericana Delmonte, que explota ilegalmente plantaciones de banano, caucho y palma, lo cual ha llevado al desplazamiento de más de 2.500 afro colombianos. Ello conjuntamente con el saqueo de sus bienes y la instalación de centros de entrenamiento y operaciones con un saldo de 85 víctimas de esa comunidad.

Se documenta además el caso de paramilitares, contratados por la multinacional minera Drummond en labores de protección de sus instalaciones quienes se vieron involucrados en el asesinato de tres dirigentes sindicales.

Denuncias contra paramilitares contratados por Anglo Gold Ashanti, a través de su filial colombiana Kedahda, operando en el Sur del departamento de Bolívar, señalan entre 1988 y 2006, la ejecución de 330 personas a manos de aquellos y la desaparición de más de cien pobladores. La complicidad con los paramilitares ha llevado a situaciones en que la multinacional bananera Chiquita Brands — ex United Fruit Company —, reconoció en marzo de 2007 haber pagado a las Autodefensas Unidas de Colombia [AUC] en Córdoba y Urabá, para labores de protección. La misma compañía transportó en el año 2001, 3.000 fusiles AK-47 y cinco millones de proyectiles con destino a las AUC.

En este recuento de ilegalidades y complicidades se mencionan además las empresas Nestlé [suiza] y Coca-Cola [norteamericana] a quienes se atribuyen responsabilidades directa e indirecta en el asesinato de dirigentes sindicales.

Conclusión

La mediación de Chávez en la liberación de rehenes, apela a un acto humanitario que abre las puertas a la vía política. Esta propuesta resulta necesaria y adquiere plena validez sobre todo cuando el Grupo de Río rechaza la posición colombiana, declarando inaceptable la agresión pues afecta transversalmente las relaciones entre los estados de la región por constituir una clara violación al derecho internacional.

Separar la mediación para la liberación de los prisioneros de ambos bandos, del tránsito hacia una solución política del conflicto, descarta a largo plazo la solución de la paz. Por ello, dado el fracaso de las experiencias anteriores conviene emprender lo que en un momento se llamó la “solución irlandesa”, esto es, la declaración formal de ambas partes donde se excluye como objetivo la eliminación del eventual interlocutor. Lo cual significa concretamente para Uribe reconocer a las FARC como interlocutor valedero y abrogar el estatus de terrorista que les asigna. Para las FARC, esto consiste en reconocer a Uribe como el interlocutor válido. Lo cual excluye su eliminación como contraparte en el diálogo. Este cambio de actitud abre las puertas a la positiva intervención de la parte internacional, concretamente los interlocutores europeos que en diversas etapas del proceso han intervenido en la mediación.

A partir de ese momento se iniciará el proceso de liberación de los prisioneros de uno y otro lado, incluyendo los rehenes de las FARC. La liberación anticipada y sin condiciones de Ingrid Betancur, será un gesto apreciado y propiciatorio de pasos en la dirección correcta con posibilidades de progreso. No olvidemos sin embargo, que cada vez que se trata de la liberación de los rehenes por parte de las FARC, la zona determinada para la entrega, ha sido objeto de bombardeos y la actividad militar por parte del gobierno se ha intensificado, frustrando finalmente la acción humanitaria.

En la definición de pasos graduales, el reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante, es un paso vital. En este punto, la posición de Ecuador en lo que se refiere a las FARC aparece más matizada que el resto de los países, pues considera a las FARC y al ELN como fuerzas irregulares. El gobierno ecuatoriano declaró que no calificará a las FARC como terroristas pero tampoco las calificará como beligerantes. En este sentido la parte venezolana está manifiestamente aislada con relación al resto de los países latinoamericanos cuando declara su voluntad de dar a las FARC el reconocimiento de fuerza deliberante. Pero esto no le quita validez a una propuesta que debe reiterarse y mantenerse vigente en la propuesta de paz.

Si se da el primer paso humanitario, de intercambio de prisioneros de ambos bandos, es posible la inserción gradual de las fuerzas en conflicto en un proceso político de paz y en cualquier momento revivir la agenda de la Machaca [supra]. Sin embargo, queda por enfrentar la desactivación de los planes de guerra y ocupación para Colombia y la región andina del Comando Sur del Ejército norteamericano [SouthCom]. Objetivo ambicioso y de largo plazo que implica un realinamiento político en Latinoamérica, de ninguna manera visible en el corto plazo, y la entronización de una nueva institucionalidad internacional al margen de lo que hasta ahora ha representado la OEA. La intervención internacional de interlocutores – ya presentes en las conversaciones de la Machaca – garantiza, al menos en un comienzo, que las partes en conflicto se sienten nuevamente a la mesa de negociaciones.

* Héctor Vega, es Director de Fortín Mapocho.com

NOTAS

[1] Propuesta planteada en el artículo de Carlos Gaveta, “Plan Colombia e integración regional” Le Monde Diplomatique, p. 4, abril 2008.

[2] Según fuentes ecuatorianas, las características del bombardeo al campamento de Raúl Reyes en suelo ecuatoriano descartan la operación desde aviones colombianos tipo Súper Tucano, pero sí apuntan a que aviones estadounidenses habrían lanzado 10 bombas de factura norteamericana GBU 12.

Según el informe, se habrían utilizado 10 bombas GBU 12 Paveway II de 500 libras, que dejaron cráteres de 2,40 metros de diámetro por 1,80 metros de profundidad. Según las especificaciones del fabricante de la bomba GBU 12, Texas Instruments, este explosivo puede ser guiado por láser, GPS o tecnología intersensorial [INS].
Véase http://www.aporrealos.com/forum/viewtopic.php?t=9787&sid=4ed0cbf45ccfff37a5c3246abaaf2e31

[3] Cruz. Alberto [2005] “Reconocer a la guerrilla colombiana como fuerza beligerante”. Cf. http://www.elortiba.org/farc.html#Reconocer_a_la_guerrilla_colombiana_como_fuerza_beligerante; Rebelión/La Fogata. http://www.lafogata.org/defensa y http://iarnoticias.com/secciones_2005/autores/0016_alberto_cruz_17en05.html

[4] Pedro Ramiro, Erika Gozález y Alejandro Pulido. Las Multinacionales Españolas en Colombia Observatorio de Multinacionales en América Latina. Noviembre 2007.

09/04/08