La crisis en Francia con el Contrato Primer Empleo [CPE], o como se ha dado en llamar, “ley basura”, revela una crisis profunda que el Estado no ha sido incapaz de resolver. Las cifras que reproducimos a continuación revelan la magnitud de un problema que no puede dejar impávido a hombres y mujeres del mundo que son testigos de una crisis que anuncia muchas otras en el siglo que comienza [véanse las cifras citadas en www.coe.ccip.fr Carole Deneuve. Carta mensual de coyuntura nº 488, febrero 2006].

En los últimos 15 años en Francia, el desempleo de los jóvenes nunca ha bajado de 17%, y en promedio ha afectado uno sobre 5 jóvenes que ofrecen su fuerza de trabajo. De hecho el 2005 el desempleo de jóvenes registró 20%. En 2004, el estado francés consagró a la política del empleo casi la mitad de los gastos públicos, €50 mil millones, esto es 3,5% del PIB. No es pues la cantidad de recursos invertidos los que han faltado sino el sistema mismo que NO da empleo.

Para algunos el desempleo afectaría a un número menor de jóvenes pues según las estadísticas el 60% de la población de jóvenes franceses, cuyas edades fluctúan entre 15 y 24 años, está todavía en el liceo o la universidad, con lo cual se el desempleo afectaría realmente a uno sobre 15 jóvenes. Es más, la crisis del empleo se habría atenuado entre 1985 y 1995 en razón de un notorio incremento de la escolarización.

Sin embargo, estas cifras no revelan que la dependencia de los jóvenes haya disminuido notablemente, sobre todo si se considera que la educación superior cuenta con más de 2 millones de estudiantes, que por una parte trabajan parcialmente y por otra consideran a futuro la precariedad del empleo. Precariedad que es juzgada al interior de los hogares por los padres que han vivido tiempos mejores y ellos mismos han sido afectados por la reducción de la demanda de trabajo. Baste decir que pese a existir la jubilación a los 65 años, es común la presión de la empresa, entre los cuadros profesionales, para que se acojan a la jubilación anticipada.

Sería un error considerar que la crisis de la “ley basura” es sólo parte del cuadro político francés. En los 25 países de la Unión Europea, así como en EEUU la tasa de desempleo de los menores de 25 años es dos veces superior a la del conjunto de la población activa. Alemania es quizás una excepción donde la tasa de desempleo es menor, lo cual podría traducir una capacitación más adaptada a la vida activa. En todo caso, las cifras del empleo no dan cuenta de otras situaciones, como por ejemplo, aquellas en las cuales los jóvenes se manifiestan más inquietos que sus padres por los riesgos de encontrarse desempleados. Eso es lo que revelan encuestas realizadas en el Reino Unido.

El último informe de la OIT [“Informe anual sobre el empleo”. Enero 2006] reveló que la mitad de desempleados en el mundo son jóvenes entre 15 y 24 años, cuyo riesgo de ser futuros desempleados es mayor que los adultos. Esta conclusión, al margen de las diferencias que puedan existir en las cifras de desempleo entre países a nivel mundial, revela un hecho comprobado: en la fase de la crisis, el freno de la actividad golpea más a los jóvenes que a otras categorías de trabajadores. En un contexto de relaciones económicas mundializadas, el mercado, concretamente las empresas, reconocen su incapacidad para generar empleos, se retiran, y dejan a los poderes públicos el compromiso político de crear empleos y de subvenir al costo de su creación, capacitación e inserción.

Recordemos que al comienzo de la crisis, José Manuel Durao Barroso, Presidente de la Comisión Europea, apeló al discurso de la competitividad y la flexibilidad, en otras palabras a la precariedad [véase entrevista a Mathieu Demaret en http://www.kaosenlared.net

Como ya lo expresaba en estas mismas columnas Gad Lerner [véase sección Internacional. “Una muy comprensible revuelta: la del hombre flexible”], la revuelta en Francia es la revolución del “hombre flexible”, aquel que sufre, como ningún otro el apartheid que separa los empleos estables, protegidos, de aquellos que no lo son. Agrega, el hombre flexible es el joven condenado a una vida precaria. Es el hombre a quien se le predica en vano, que los empleos estables ya no existen, y que como alternativa deben constituirse en sus propios patrones. En síntesis, el derecho del trabajo debe reescribirse. Pero todo ello se enfrenta a la contradicción entre aquellos que tienen empleos estables, considerados como favorecidos por los jóvenes que ingresan al mercado del trabajo en situación precaria. Contradicción que lleva a la conciencia que los mismos actores políticos que crearon el sistema no saben como resolver el problema en que la sociedad francesa está hoy inmersa.

La economía chilena tan alabada por su “exitoso” modelo no es ajena a las dificultades del empleo. El hecho que de cada 100 jóvenes, sólo 5 puedan llegar a la Universidad, plantea un problema serio de inserción de la masa laboral en la estructura moderna de la economía. De aquí se desprende que muchos se quedan en el camino: más de 28.000 en la escuela pre-básica; más de 177.000 en la escuela básica; más de 440.000 en la escuela media. A lo cual hay que sumar más de 112.000, hoy económicamente activos, que nunca asistieron, en su vida, a la escuela. Con esto se concluye que más de 768 mil personas enfrentan una situación desmedrada en el mercado del trabajo.
El trabajador chileno no calificado, dentro de un modelo rentista financiero, no tiene ninguna perspectiva de participar en el desarrollo de su país, salvo en el sector terciario de pequeños servicios o mano de obra barata y mal calificada en sectores tradicionales de la economía. Es más, las diferencias sociales tienden a profundizarse, en un mundo globalizado de avances rápidos. Con tan bajos niveles de calificación es imposible pensar en crecer en términos modernos y al mismo tiempo dar empleo. ¡Existen inversiones en la gran minería de más de 100 millones de dólares y que proporcionan, apenas 200 empleos directos! Tal es el grado de calificación de inversiones cuya vocación a casi 100%, es la exportación hacia los grandes centros industrializados del planeta.
Agreguemos que 9% de la fuerza de trabajo que labora como dependiente a jornada completa gana el salario mínimo [SM]. Si a ellos se agrega, quienes tienen ingresos hasta 1,2 veces el SM, para cuantificar el tamaño del segmento impactado por los ajustes de esta variable, la cantidad de trabajadores afectados supera el 15% de la fuerza de trabajo. Los receptores del SM se encuentran predominantemente en el mundo rural, tienen bajos niveles de educación y un grupo importante son jóvenes. Las mujeres representan 23,7% de los trabajadores que ganan el ingreso mínimo o menos. Sectorialmente, la agricultura cuenta con un porcentaje importante de trabajadores afectos al SM: 24,9%. Los receptores del SM laboran en empresas pequeñas y en un elevado porcentaje no tienen contrato de trabajo, esto es, pertenecen al mercado informal del trabajo. La Región Metropolitana es la que concentra el mayor número de personas en esta situación.

En conclusión, el modelo capitalista no tiene respuesta para los grandes problemas que presenta la economía mundializada del siglo XXI. Constituida en administradora del modelo, la clase política tradicional no ve el impasse que anuncia el fin del sistema.